¿”Informes PISA” en las Comunidades Autónomas?

La LOE anda en la Cortes españolas. Ya se van produciendo comparecencias de personas expertas para ofrecer sus opiniones sobre ella antes de ser votada. A los medios trascendió la del alemán Andreas Schleicher, por ser responsable de aquel informe que todavía da que hablar: el último informe PISA sobre rendimiento del alumnado de 15 años en 41 países. Debía interesar mucho porque, por primera vez, se usó la videoconferencia y compareció ante la Comisión de Educación, desde París.

Algunos de los titulares recogidos de periódicos del día 11 de octubre fueron:

El PaísEl director del ‘Informe PISA’ desliga calidad escolar y descentralización. El experto resalta la importancia de dar independencia a los centros.

Diario de Sevilla : El autor del informe PISA pide formación individualizada

El Norte de Castilla El autor del Informe PISA recomienda una educación individualizada y rechaza la repetición que considera una forma de «sacarse de encima el problema»

Nos siguen surgiendo dudas, como ya comentamos en el curso pasado, sobre los informes basados en pruebas homogéneas sobre población tan diferente.

Algunas hacen referencia a su misma concepción, por ejemplo: ¿influye la cultura de quien “redacta” en la confección de las pruebas?, ¿es posible tener en cuenta las diferencias culturales, el perfil de las personas, etc, en una prueba en que todo el mundo debe contestar “lo mismo”?. Incluso cabe preguntarse ¿se trata con este tipo de prueba de homogeneizar?.

Otras dudas están referidas a su utilización. Por una parte ¿cómo condiciona al profesorado, en sus programas y en la forma de dar clase el que a final de curso “haya que pasar una prueba externa”? (aunque no sea para evaluar a su alumnado).

Por otro lado no está claro si pruebas como las usadas en el informe PISA, está midiendo resultados generales del alumnado de un sistema educativo o se utilizarían para “clasificar” centros. Si es para esto último, ¿se puede (o se debe) medir a los centros por los resultados “homogéneos” de su alumnado, sin cruzarlos con otros datos?, ¿no se estaría potenciando el que algunos centros “privilegiados” seleccionasen al alumnado por su “nivel”?, ¿cómo influiría eso en el resto de los centros?.

Algunas Comunidades Autónomas ya dijeron algo antes de la comparecencia:

El País 10 de octubre: siete comunidades rechazan que la OCDE evalúe sus escuelas (Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha). Las Administraciones regionales aducen que tienen pruebas propias sobre su educación y defienden las pruebas más individualizadas.

Aun con todo lo anterior, tras la comparecencia nos surge otra duda: ¿por qué no han hecho mención de ella los que defienden la LOCE a “sangre y fuego” si el curso pasado hablaron sin parar del fracaso del sistema educativo español?. Las afirmaciones que hace Andreas Schleicher parecen bastante sensatas, a lo mejor es por eso. Lo que no nos queda claro es si a esas conclusiones se puede llegar o no con los resultados de un informe del alumnado como el del informe PISA .

Habrá que conocer algo más sobre este informe PISA, quizá. En este sentido, un profesor de Matemáticas comentaba, tras la lectura de las pruebas, que la concepción que subyace, de esta materia, va dirigida a su uso social, mucho más que al enfoque academicista presente en el sistema educativo español. Quizá, sólo quizá, tenga algún sentido condicionar el sistema “desde fuera”, mediante pruebas, si fueran encaminadas a lo que debiera ser realmente una educación básica.
Pero ¿qué pasa si la orientación del ”evaluador” es diferente?.

Por ejemplo, hace un par de cursos estuvimos leyendo las pruebas que, hasta entonces, había estado usando la Generalitat de Cataluña de algunas materias. Tenían una fuerte carga académica. ¿Qué querían conseguir?.

También en Castilla y León se está perfilando un instituto de evaluación. Este curso desde la Junta ya se habla de pruebas propias. Algunos de sus representantes ha comentado en algún acto, “el gran paso en la excelencia y calidad que representa hacer una evaluación propia”. Según hemos creído entender, se piensa en pasar pruebas, quizá en mayo, a 5000 escolares de 6º de EP en unos 135 o 137 centros de Castilla y León. Según esos comentarios “la o las pruebas se pasarían como diagnóstico pero, al mismo tiempo, servirían, para hacer que los centros se fueran ajustando a las demandas del usuario, redundando así en la libertad de elección de centro, al que todo ciudadano tiene derecho”.

En conclusión, en Castilla y León y en cualquier otro territorio, desde una perspectiva academicista, selectiva y de la potenciación de la competencia y la privatización, las pruebas de diagnóstico del sistema educativo pueden hacer que éste sea mucho más excluyente y más “competidor” que competente.


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