17 marzo 2017 > El negocio privado en la educación en España no quiere límites

Eldiario.es

“España, entre los países de Europa con menos escuela pública y más concertada…”

El 68% de los alumnos escolarizados en España acude a un centro público, mientras que la media en Europa es del 81%…

Estamos a la cabeza en plazas concertadas y la Iglesia tiene el 60% de estos centros privados con plazas subvencionadas…”

Cuando se refiere a la Iglesia, es la Católica, claro.

Como esta situación es en la que vivimos hace tiempo (la empresa la privada logrando más financiación a través de conciertos cada año) nos parece lo normal, pero vemos que hay más posibilidades, que los países de nuestro entorno no funcionan así, no están tan condicionados por el negocio privado dentro de la educación ,. ni por una confesión religiosa dentro de ese negocio.

Este aumento del negocio privado en la educación en España está ayudado, muchas veces desde el poder muchas veces. Hay que recordar:

La intención que se incluyó en la LOMCE (y hecha realidad por ejemplo, en Comunidades Autónomas como Madrid con Esperanza Aguirre) de ceder terreno público a empresas privadas, aun si centro público en la zona.

La publicación de decretos para extender conciertos privados hasta el 2022 de la Junta de CyL (rompiendo o condicionando, por cierto, un posible pacto educativo que dijera otra cosa, antes de que se llegue a él

la creación de universidades privadas, incluso “on-line” sin límite, sin control, en un momento en que se habla de restringir especialidades en las Pùblicas.

Seguro que se podría seguir con este rosario ( con perdón del término) de medidas para favorecer el negocio privado en Educación en España. Lo malo es que lo vemos como lo normal, como que no pasa nada porque “subvencionen algún centro más”.

En un periodo como este de matriculación, quizá se debería pensar en denunciar esto y aspirar a que el dinero público se use de forma pública, avanzado hacia una sola red pública, echando el esfuerzo por hacer más “públicos” todos los centros que serían públicos. Desde las administraciones, al menos la central y la de algunas autonómicas del PP, como la de CyL, el camino es al revés.