Del fallido pacto educativo a la reversión de los recortes en educación. Christina Fulconis Maroto

Intervención de Christina Fulconis Maroto el  9 de octubre de 2018 en el «Debate sobre política educativa en CyL, qué nos preocupa» organizado por Concejo educativo de CyL.

( ver crónica de la sesión de debate)

El pacto educativo

Como recordamos la consecución de un Pacto educativo es una lucha de las diferentes organizaciones que pertenecemos a las Plataformas por la Escuela Pública (estatal, regional, etc.). Tras el portazo dado a la Subcomisión de Educación para un Pacto Educativo, creada hace más de un año y medio en el Congreso de los Diputados, y en la que tras la salida del PSOE, Unidos Podemos y otros grupos asistimos al paripé de PP y Ciudadanos que se quedaron solos en un órgano en el que ya no se podían tomar acuerdos. Se declaró cerrada el pasado 15 de mayo.

También dentro del Consejo Escolar del Estado se había constituido un grupo de trabajo sobre el Pacto Educativo, que fue abandonado también por la CEAPA, UGT, CCOO, STES y el Sindicato de Estudiantes tras manifestar su disconformidad con la metodología empleada y oponerse a ser utilizados por el Ministro de Educación del PP como excusa de un falso consenso que posibilitase seguir desarrollando políticas educativas que no reflejan las reivindicaciones de la comunidad educativa.

Las organizaciones miembros de las Plataformas exigíamos un pacto social, de consenso con la comunidad educativa, que saliese de las paredes de las Cortes e incluyese aquellas demandas que durante tanto tiempo hemos pedido.

Los acontecimientos derivados de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la moción de censura contra Mariano Rajoy, presentada el pasado 1 de junio de este año 2018 por el PSOE de Pedro Sánchez y que le ha llevado a ser presidente del Gobierno, nos llevaron a un momento más esperanzador dentro de la complejidad de las alianzas necesarias para sacar adelante nuevas propuestas. Tras la rapidez de los acontecimientos, con esta primera moción de censura que se ha logrado en esta etapa democrática, estamos observando con expectación los pasos del nuevo gobierno que tiene grandes desafíos que afrontar, con unos presupuestos aún pendientes de aprobar y que marcarán la agenda de los posibles avances en revertir los recortes.

La nueva denominación del Ministerio de Educación y Formación Profesional que saca la Universidad de su responsabilidad nos preocupa. Dada la dimensión que tienen las Universidades Públicas y su repercusión en nuestro sistema educativo esperamos que se tengan en cuenta las demandas de la Comunidad Educativa.

Derogar la LOMCE

La LOMCE, una ley denostada por la Comunidad educativa, que levantó una gran marea verde en contra, por ser antidemocrática, injusta, segregadora, elitista, adiestradora,… tiene que ser derogada.

Actualmente la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una reforma de los «aspectos más lesivos» de la LOMCE.

La ministra, anunció el pasado 2 de octubre que para final de año, su departamento tendrá un proyecto de ley para sustituir a la LOMCE, que irá al Consejo de Ministros para luego comenzar su debate parlamentario, con el que se reformarán los «aspectos más lesivos».

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública recordó en un comunicado del pasado 11 de junio de 2018 a la nueva ministra de Educación los compromisos contraídos.

“Las organizaciones que conforman la Plataforma confían en que el cambio en la titularidad del Ministerio y del Gobierno suponga también un cambio de rumbo en las políticas educativas en vigor hasta el momento.

Durante muchos años, la Plataforma ha observado con preocupación medidas contrarias a la mejora educativa, así como el ninguneo del profesorado, familias y alumnado en la toma de decisiones. Ante un nuevo contexto político, queremos recordar que, en diversas reuniones, Pedro Sánchez y su portavoz y diputada en el Congreso de los Diputados, Mª Luz Martínez Seijo, alcanzaron compromisos expresos con esta Plataforma cuando suscribieron su documento “La Educación que Queremos”. Entre estos compromisos se encuentran los referidos a una financiación adecuada, el impulso de la inclusión, la atención a la diversidad, la coeducación y una escuela laica, participativa y democrática, entre otros.

Asimismo, insta al PSOE a asumir su compromiso de derogación de la LOMCE.

Todos estos retos han de ser afrontados mediante la colaboración con la comunidad educativa, un trabajo para el que la ministra Celaá debe considerar interlocutora prioritaria a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.”

La Conferencia Sectorial de Educación presidida por la Ministra a finales de julio no tuvo el consenso esperado. Las comunidades del PP, capitaneadas por nuestro Consejero de Educación Fernando Rey, dieron un sonoro portazo saliendo de la reunión y mostrando así su oposición. En esta reunión se pretendía acordar con las CCAA la derogación de los recortes en educación, en concreto:

  • Derogar el artículo 2 del Real Decreto Ley que permitía a los responsables educativos elevar hasta en un 20% las ratios máximas de alumnos por aula. La medida se aplicará a partir del curso 2019-2020.
  • Derogar el artículo 3 del anterior Real Decreto Ley, con el que se incrementaba la parte lectiva de la jornada del personal docente de centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 en las restantes enseñanzas. La nueva ley ordinaria contempla que «las administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente», de estos centros, cuando dispongan las comunidades autónomas.
  • Derogar el artículo 4, referido a la sustitución de profesores en estos centros escolares según el cual, el nombramiento de los funcionarios interinos para sustituir de forma transitoria a profesores titulares se produciría cuando hubieran transcurrido 10 días lectivos. Esta medida se aplicará de forma inmediata con la entrada en vigor de la nueva ley. Observamos con agrado que ya se está poniendo en marcha en nuestra Comunidad.

A pesar de esto aún nos encontramos con que las contrarreformas del PP y la LOMCE siguen vigentes, como también lo están los recortes sufridos por la escuela pública, que han sido revertidos en algunas Comunidades Autónomas, pero no en la nuestra.

En la posible Ley que modifique la LOMCE, el Ministerio incluye la modificación del Artículo 109.2, que introdujo el concepto de «demanda social» para el diseño de la escolarización facilitando la concesión de nuevos conciertos o la ampliación de los existentes.

Aunque la ministra ha dejado claro que la reformulación de ese artículo no va a perjudicar a la educación concertada. «La escuela concertada quedará como está», ha asegurado la ministra. Lo que no ofrece una clara determinación de que el dinero público vaya a la Escuela Pública, demanda central de la Plataforma Esc. Pbca.

También la eliminación de las reválidas, de los itinerarios a partir de los 13 años, la recuperación de los programas de Diversificación Curricular para apoyar al alumnado con más dificultades de rendimiento, así como también las evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO para «analizar planes para la mejora de los centros».

También se ha comprometido a recuperar «la participación de la comunidad educativa» en los Consejos Escolares, que recuperarán su «papel decisorio» en los centros tras la derogación del artículo 122 de la LOMCE, según ha asegurado la ministra.

La regulación de la asignatura de religión que no será computable con efectos académicos, asegurando que no habrá «asignatura espejo» y confirmando la creación de la asignatura de valores éticos y cívicos centrada en «los derechos humanos» y las «virtudes democráticas».

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado mes de abril, cuando desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE en 2014 y mediante el que buscaban revertir los conciertos a centros que separan a los alumnos por sexo, la religión evaluable o la falta de participación de los padres y madres en los consejos escolares avalando, en fin, aspectos estos aspectos tan dañinos para nuestro alumnado cuando el MEC derogue estos aspectos es posible que nos encontremos de nuevo la norma en los tribunales.

Decíamos el 8 de mayo pasado y aún este curso sigue vigente, que mientras, la escuela pública ha de remontar con esfuerzo y poco apoyo todas las dificultades de los itinerarios selectivos, las aulas masificadas, las evaluaciones externas, los centros educativos deteriorados, las faltas de respuesta de atención a la diversidad, el profesorado que cambia de centro cada año, etc. Las familias siguen aumentando sus gastos para compensar los déficits de atención en las escuelas, y el profesorado seguirá enfrentándose a las dificultades de dar clase en aulas con demasiado alumnado, un aumento vigente de horas lectivas y ratios, con grandes cargas burocráticas, situaciones de interinidad que se alargan indefinidamente a lo largo de los años, etc.

 Presupuestos insuficientes

Y, como colofón a las políticas de recorte, nos encontramos aún sin acuerdo para lograr unos Presupuestos del Estado que aumenten la inversión pública en educación, y avancen hacia el 7% del PIB.

Es fundamental un cambio en la política presupuestaria que ponga como una verdadera prioridad de Estado la educación pública. El progreso del sistema educativo requiere un cambio radical en su financiación y el Estado tiene que comprometerse decididamente en ello. Es por ello que ahora que se empieza a negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se exige al Gobierno que dé pasos concretos para que dichos presupuestos del año 2019 supongan un aumento sustancial de la financiación educativa, teniendo como horizonte temporal alcanzar en cinco años un 7% del PIB.

Lo cierto es que la inversión comprometida en los Presupuestos del Estado para 2018 sigue alejada de los niveles anteriores a la crisis. La dotación educativa subió respecto a 2017 un 3%, hasta 2.600 millones de euros. No obstante, esos recursos siguen estando un 13% por debajo de los consignados en 2009, cuando llegaron a 2.987,69 millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que estas partidas corresponden únicamente a programas estatales, dado que la política educativa es competencia de las comunidades autónomas.

De hecho, según las cifras oficiales, la inversión en educación entre lo que le corresponde al ministerio y a las comunidades autónomas ha caído un 7,41% desde 2009, hasta los 46.681,68 millones de euros en 2017 (3.957 millones de euros menos), lo que supone un 4% del PIB muy lejos del 7% que venimos reclamado desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Castilla y León.

En la última actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas en abril de 2018, el Gobierno del PP se comprometía a reducir la inversión educativa al 3,67 % del PIB en 2020 y a un 3,4 % en 2030, cifras que nos remiten a los años 80 del siglo pasado. Algo que el nuevo Gobierno debe revertir y comprometerse a incrementar los presupuestos destinados a Educación.

Los presupuestos vuelven a beneficiar a las clases altas y a olvidar al alumnado con mayores necesidades de apoyo educativo.

En Castilla y León seguimos con unos presupuestos recortados, faltando al menos 200 millones de euros para llegar a las cifras del 2011 lo que supone que no consideran prioritarias mejorar las inversiones en la escuela pública tan necesarias para compensar los esfuerzos de profesionales y familias. La Educación Pública sigue sin ser una prioridad para la Junta de Castilla y León que, como buenos alumnos aventajados, favorece el incremento presupuestario para los conciertos educativos como se ha demostrado en los últimos presupuestos aprobados.

Pero para que se pueda avanzar insistimos en que la Junta y las Cortes de Castilla y León, en la negociación del nuevo presupuesto para 2019, deben impulsar acuerdos que incrementen notablemente el presupuesto educativo, en especial y prioritariamente el destinado a los Centros Públicos y que propicien el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE.

Se siguen sin recuperar las becas y ayudas al estudio

Los datos de los PGE´2018 aprobados por el gobierno del PP, plantearon un incremento de 52 millones de euros en becas de los cuales 20 millones van a engrosar el capítulo de becas a la excelencia, que no tienen carácter compensador tras unos recortes en el capítulo de becas generales que sobrepasaron los 250 millones de euros.

Otro capítulo denominado “Desgravaciones fiscales en educación”, que con un monto de 1.484 millones de euros recoge beneficios fiscales para las familias que han podido sufragar cuotas en escuelas infantiles privadas, uniformes escolares, clases de idiomas… Como hemos denunciado siguen sin recuperar las becas compensatorias, las medidas de atención a la diversidad, el profesorado perdido… y hay una partida para financiar el gasto en centros privados.

Los presupuestos incumplen además el compromiso del Gobierno y sus socios de destinar 500 millones a la creación de un plan para luchar contra el fracaso escolar, que finalmente recibirá 40 millones, 10 más que en 2017. Esta partida —que pretendía recuperar el programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) que Wert suprimió en 2013—, destinará solo un 8% de lo prometido para los alumnos de entornos desfavorecidos.

El nuevo Gobierno publicó el 1 de agosto el Real Decreto 951/2018, de 27 de julio que regula las condiciones de las becas de enseñanzas universitarias y no universitarias del curso que acaba de empezar. El Ministerio de Educación ha mantenido el mismo proyecto de ayudas anunciado. Con este Real Decreto aumentan en 100 euros al año la ayuda que reciben las rentas más bajas, situadas en el denominado umbral uno.

La comunidad educativa ya expresó su rechazo a esta normativa. En la reunión mantenida ante el Consejo Escolar del Estado, el pasado 5 de julio, los sindicatos CCOO, STEs y UGT, así como la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y CANAE presentaron un voto particular porque consideran que el sistema de becas «compromete la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza».

El voto particular presentado se centra en los siguientes aspectos:

Se consolida en nuestro sistema educativo una política de becas y ayudas al estudio que persiste en un modelo que compromete la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza, desvirtuando por completo el fin y objeto mismo de la beca o la ayuda, que no es otro que el de eliminar cualquier obstáculo social y/o económico que pueda excluir a los ciudadanos y ciudadanas de la enseñanza y que pueda impedir, por tanto, el derecho de todos y todas a la educación.

Exigieron la retirada del proyecto de Real Decreto ya que resulta especialmente grave la situación de aquellos alumnos y alumnas (hasta un 10% de becados/as) que, al no haber podido aprobar al menos la mitad de los créditos, además de perder el derecho a la beca, deben reintegrar el importe de sus becas cuando no disponen de recursos ni de condiciones para hacerlo, dando con ello a la beca el tratamiento de una subvención finalista, ya que se interpreta erróneamente que no se ha destinado el importe de la beca a la finalidad para la que se concedió, que por lo visto no es otra que aprobar más del 50% de los créditos.

Otro de los efectos perversos es el de la incertidumbre sobre la cantidad que se va a recibir. El cálculo de la parte variable, además de estar vinculado al rendimiento académico del/la becario/a, está condicionado por múltiples factores que no se pueden conocer de antemano, por lo que los/las beneficiarios/as no conocen con exactitud la cantidad que les va a corresponder.

Por ello, las exigencias de la comunidad educativa tienen que seguir girando sobre la reversión de los recortes, el aumento del presupuesto educativo y la derogación de la LOMCE como sustento de base, e incorporar las demandas de las familias, de los y las estudiantes y del profesorado. Ya no es tiempo de espera.

Sigue vigente lo que pedíamos en mayo:

  • Mayor financiación de la Educación
  • Nueva Ley educativa consensuada con la Comunidad educativa
  • Reversión de los recortes: Bajada de ratios en las aulas, recuperación de programas de atención a la diversidad, reducción de horas lectivas para el profesorado y aumento del profesorado en los centros, supresión de los descuentos por enfermedad, etc.
  • Más becas y ayudas al alumnado

Ya no hay excusas ¡¡AHORA, EDUCACIÓN PÚBLICA!!

Sobre las políticas de nuestra CCAA en materia de Educación seguimos criticando sus planteamientos de buscar proyectos estrella que no redundan en la mejora real de la educación pública de nuestra comunidad: Plan de atención a la diversidad sin desarrollo normativo, Programa 2030 para mantener centros gueto, Bilingüismo sin inversión y a costa de familias y profesorado, Plan RELEO plus más trabajo administrativo y que no es competencia del profesorado, Centros BITs que diferencian a alumnado y centros, Bachilleratos de excelencia con ratios por debajo de las mínimas, Oposiciones con plazas sin adjudicar, Baremación de interinidades con cientos de reclamaciones, bolsas de interinidad que se siguen acabando…

Son muchos los retos que tenemos por delante y objetivos por cumplir, quizá de los más importantes sean la derogación de la LOMCE, la recuperación de ratios y horarios, la igualdad de derechos para los compañeros y compañeras con unas condiciones laborales más precarias, el colectivo interino y la mejora de las retribuciones para el colectivo docente.