Comunicado de la Plataforma por la Escuela Pública ante el abandono del Pacto Educativo

La Plataforma por la Escuela Pública exige incrementar la financiación como condición indispensable pero no suficiente para un Pacto Educativo.

Profesorado, alumnado y familias valoran positivamente que PSOE y Unidos Podemos hayan abandonado la Subcomisión de Educación del Congreso ante la propuesta de inversión del PP, que tachan de irrisoria.

Madrid, 9 de marzo de 2018


La Plataforma Estatal por la Escuela Pública defiende que una financiación suficiente y la participación de la comunidad educativa son requisitos sine qua non para un Pacto de Educación que garantice la calidad de la enseñanza.

Las organizaciones representantes de profesorado, alumnado y familias que forman la Plataforma reivindican un aumento de la inversión en educación del 5 % del PIB en una legislatura, con el compromiso de llegar al medio plazo al 7%, así como un marco de negociación en el que se dé cabida a los y las representantes de la escuela pública. En este sentido, valoran positivamente que los grupos parlamentarios PSOE y Unidos Podemos hayan abandonado la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados ante la irrisoria propuesta de financiación realizada por el PP, que se queda prácticamente solo en su defensa de un Pacto Educativo que pretende apuntalar la LOMCE y los recortes educativos.

El pasado mes de febrero, la Plataforma presentó públicamente el documento “La Educación que queremos”, y solicitó reuniones con todos los grupos parlamentarios. Este documento, que recoge las líneas rojas para un Pacto Educativo de calidad, ya había sido suscrito por estos dos grupos parlamentarios.

Junto a una inversión suficiente y la participación de la comunidad educativa en cualquier acuerdo educativo, la Plataforma por la Escuela Pública aboga por la consideración de la educación como un derecho fundamental y universal y la defensa de la escuela pública; la promoción de la igualdad, la equidad y la inclusión como valores transversales; la garantía de una educación laica y una escuela democrática y participativa; la construcción de un curriculum alternativo; y, entre otras, la consideración del profesorado como agente clave en el proceso de aprendizaje.